Congreso de Quintana Roo abroga Ley de Imagen Institucional
El Congreso del Quintana Roo derogó la Ley de Imagen Institucional aprobada en 2018.
Diputado afín a la Cuarta Transformación acusa la existencia de una «4T invertida» en la Legislatura
El Congreso de Quintana Roo ha abrogado la Ley de Imagen Institucional, aprobada en 2018 durante el mandato del exgobernador Carlos Joaquín González. Esta ley pretendía impedir que edificios gubernamentales, vehículos oficiales, equipamiento urbano como parques y espacios públicos, y papelería oficial fueran pintados con colores partidistas.
La práctica de usar colores partidistas en la infraestructura pública no es nueva, pero se agudizó durante el gobierno de Roberto Borge (2011-2016), cuando los colores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) inundaron el estado, incluidas las marcas institucionales como el ‘RB-Team’. Durante el mandato de Carlos Joaquín (2016-2022), aunque se respetaron más las formas, también se utilizaron los colores azul, blanco y amarillo, asociados a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), que apoyaron su candidatura.
Un caso extremo ocurrió en Cancún en noviembre de 2016, cuando el entonces alcalde Remberto Estrada, del Partido Verde (PVEM), pintó de verde las piedras naturales en avenidas y camellones de la ciudad, lo que generó numerosas críticas de la comunidad y en redes sociales.
La «4T invertida» en Quintana Roo
En la sesión 29 del segundo periodo ordinario, como punto de urgente y obvia resolución, se sometió a votación la iniciativa para derogar la Ley de Imagen Institucional. Esta iniciativa fue presentada por la bancada de Morena, coordinada por Jissel Castro Marcial, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso (Jugocopo).
Castro Marcial argumentó que la ciudadanía tiene derecho a sentirse identificada y representada por su gobierno, reconociendo su «identidad gubernamental» para fortalecer el sentido de pertenencia y cohesión social. Según ella, cada gobierno debe utilizar herramientas de comunicación visual que reflejen su gestión, promoviendo un sentido de identidad y orgullo en la población.
La exposición de motivos señalaba que eliminar los colores partidistas promovía la «impersonalización de la comunicación social» y afectaba campañas como «El Día Naranja», para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
En respuesta, el diputado independiente Ricalde Magaña, afín a la Cuarta Transformación (4T), acusó desde la tribuna: «Aquí hay una 4T invertida». Magaña argumentó que la ley, ahora derogada, podría haber ahorrado millones de pesos de recursos públicos, que podrían destinarse a patrullas, mejores sueldos, canchas deportivas u otras acciones en beneficio de la población, en lugar de replicar prácticas del pasado.
El legislador criticó que el asunto se votara como de urgente y obvia resolución, sugiriendo que no lo ameritaba y que Morena estaba aprovechando su mayoría en el Congreso para imponer su agenda. También señaló que la ley había sido postergada en dos ocasiones para su aplicación.
Historia de la Ley de Imagen Institucional
En diciembre de 2017, la diputada del PRI, Candelaria Ayuso, presentó la iniciativa para evitar que cualquier gobierno en el poder usara colores partidistas en la infraestructura pública. La ley establecía que los colores institucionales debían ser blanco, gris y negro. Aunque fue aprobada en 2018, nunca entró en vigor debido a diversas postergaciones y modificaciones en los plazos de ejecución, argumentando su confusión y la pandemia de COVID-19 como causas principales.
Con la renovación del Congreso, la actual XVII Legislatura promovió que se adelantara la ejecución del mandato, pero la propuesta fue desechada, culminando con la derogación total de la ley.