El Supremo de EE. UU. limita el poder de los jueces federales y allana el camino para la agenda migratoria de Trump
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictado una resolución clave que limita el poder de los jueces federales para bloquear decisiones ejecutivas a nivel nacional, en una decisión que favorece directamente la agenda migratoria del presidente Donald Trump, especialmente su intento de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
La sentencia, aprobada por mayoría conservadora (6-3), no resuelve la constitucionalidad del decreto presidencial que busca eliminar la nacionalidad automática para hijos de inmigrantes indocumentados, pero sí autoriza parcialmente su entrada en vigor en ciertas regiones del país. Además, establece que las resoluciones de jueces federales deberán aplicarse de forma más restringida, solo para las partes involucradas en el caso.
Cambio de paradigma en el equilibrio de poderes
La opinión mayoritaria fue redactada por Amy Coney Barrett, jueza nombrada por Trump durante su primer mandato. La Corte argumentó que muchos jueces federales estaban “llevando demasiado lejos” su autoridad al emitir resoluciones con efectos nacionales.
Esto representa un giro significativo en el equilibrio entre el poder judicial y el ejecutivo, reduciendo la capacidad de los tribunales para detener órdenes presidenciales que impactan a nivel nacional, como ha ocurrido en múltiples ocasiones desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.
Reacciones divididas y preocupación por el rumbo institucional
El presidente Trump celebró el fallo como una “gran victoria para la Constitución” y afirmó que la ciudadanía por nacimiento es una “estafa” que debe corregirse. Organizaciones civiles y líderes demócratas, por su parte, calificaron la decisión como un retroceso democrático. La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, criticó la medida como una “farsa del Estado de derecho”.
El decreto, emitido el primer día de esta nueva administración, modifica la interpretación de la Decimocuarta Enmienda, en vigor desde 1868. Aunque históricamente garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en EE. UU., Trump sostiene que los hijos de inmigrantes indocumentados no deberían estar cubiertos por esta disposición.
La decisión de la Corte podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense, con implicaciones legales que podrían extenderse por años.