Diputados Avalan Ampliación de Prisión Preventiva Oficiosa
El Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico, mientras que los estados tendrán un año para adecuar sus leyes.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, aunque se excluyeron los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. Entre los delitos que permanecen se encuentran la extorsión, el contrabando, el uso de facturas falsas, y se añadieron nuevas hipótesis relacionadas con el tráfico de sustancias como el fentanilo.
Reforma al Artículo 19: Extensión y Exclusiones
Con 335 votos a favor, 108 en contra y ninguna abstención, la reforma al artículo 19 de la Constitución fue enviada al Senado para su discusión y posible aprobación. La iniciativa, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue dictaminada por la anterior legislatura.
El diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), propuso tres reservas clave:
- Exclusión del narcomenudeo para abordar el tema desde una perspectiva social y recuperar el tejido social, especialmente entre jóvenes.
- Exclusión de la defraudación fiscal, señalando la necesidad de fomentar la unidad nacional.
- Ampliación de las hipótesis para combatir delitos relacionados con el tráfico de precursores químicos como el fentanilo.
Delitos de Alto Impacto
La reforma mantiene como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa la extorsión, el contrabando, y actividades ilícitas relacionadas con comprobantes fiscales falsos, incluyendo la emisión y compra de facturas que amparen operaciones inexistentes.
Además, la reforma prohíbe cualquier interpretación que busque inaplicar o modificar la medida, garantizando que los jueces actúen conforme al texto literal de la ley.
Opiniones Divididas
Durante el debate, la diputada panista Margarita Zavala criticó la reforma por considerar que vulnera los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia, calificándola de «inconstitucional y regresiva». Por su parte, la diputada morenista Sandra Anaya Villegas defendió la medida como una herramienta para combatir delitos que amenazan la paz y el desarrollo de México.
El Congreso de la Unión tendrá 180 días para armonizar el marco jurídico, mientras que los estados tendrán un año para adecuar sus leyes.
La reforma sigue generando debate sobre su impacto en el sistema judicial y los derechos humanos. Ahora, su futuro está en manos del Senado.