Sheinbaum defiende traslado de 26 criminales a EE.UU. como decisión soberana y por seguridad nacional
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el reciente traslado de 26 integrantes de grupos del crimen organizado a Estados Unidos no fue solicitado por el gobierno estadounidense, sino que se trató de una decisión soberana basada en criterios de seguridad nacional.
En su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que esta acción, la segunda en menos de seis meses, fue determinada por el Consejo Nacional de Seguridad tras un análisis del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, y no forma parte de los acuerdos bilaterales en materia de seguridad.
“En todos estos casos, la decisión es por la seguridad de nuestro país. Son decisiones soberanas. No tiene que ver con una petición del gobierno estadounidense, aunque muchos de ellos tengan solicitudes formales”, declaró la mandataria.
La declaración contrasta con lo informado un día antes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló que el traslado se realizó a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual se comprometió a no solicitar la pena de muerte.
Entre los criminales enviados se encuentran figuras de alto perfil como Abigael González Valencia, alias el Cuini y cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez Martínez, La Tuta, exjefe de La Familia Michoacana; Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, fundador de Los Zetas; y Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix, yerno de Ismael El Mayo Zambada y encargado de las finanzas de una facción del Cártel de Sinaloa.
La mandataria adelantó que a las 11 de la mañana el gabinete de seguridad ofrecerá una conferencia para ampliar los detalles del operativo, que incluyó un despliegue especial y medidas de seguridad reforzadas para el traslado.
Este grupo se suma a los 29 narcotraficantes enviados en febrero pasado, en un proceso que, según Sheinbaum, reafirma la política de México de actuar con independencia y priorizar la protección de sus ciudadanos frente a amenazas del crimen organizado.