Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo con nueva redacción del artículo 3° transitorio y la devuelven al Senado
La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada, en lo particular, la reforma a la Ley de Amparo, incorporando una nueva redacción al artículo 3° transitorio para definir qué juicios en curso se resolverán con las reglas anteriores y cuáles con las nuevas disposiciones. La minuta fue devuelta al Senado para su análisis y eventual ratificación.
La votación concluyó con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, entre ellas la de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero (Morena). El debate inició cerca de las dos de la mañana, centrado en los efectos retroactivos de la norma y su impacto en los juicios en trámite.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores Cervantes (Morena), explicó que la modificación busca evitar retroactividad y clarificar los procesos legales:
“Las etapas concluidas se regirán por la ley anterior; las actuaciones futuras, por la nueva. Es derecho procesal puro.”
Sin embargo, la oposición calificó la reforma como una “ley retroactiva disfrazada” que atenta contra la certeza jurídica.
El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, defendió el dictamen y sostuvo que la medida busca frenar el abuso del amparo en casos de deuda fiscal, lavado de dinero y delitos financieros. Señaló que existen más de dos mil créditos fiscales pendientes por más de 100 mil millones de pesos, con procesos legales que pueden extenderse hasta 22 años.
“Queremos que los grandes deudores paguen lo justo al erario y evitar amparos utilizados para evadir responsabilidades”, afirmó Monreal.
La reforma establece que el amparo será improcedente en créditos fiscales firmes a menos que se garantice el interés fiscal mediante fianza o billete de depósito. Además, modifica la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para evitar litigios repetitivos y fortalecer la seguridad jurídica.
Durante el debate, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo (PVEM) propuso reconocer el interés legítimo de comunidades indígenas y organizaciones ambientales, pero su reserva fue rechazada por mayoría.
Con estas modificaciones, la Cámara de Diputados busca limitar el uso indiscriminado del juicio de amparo y fortalecer la eficiencia del sistema judicial mexicano, especialmente en materia fiscal y administrativa.