Dictan sentencia millonaria a Genaro García Luna y su esposa en Miami: deberán pagar más de 2 mil millones de dólares a México

La justicia de Estados Unidos emitió una sentencia histórica contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, y su esposa, Linda Cristina Pereyra, por su participación en un esquema de corrupción que desvió millones de dólares del erario mexicano.
La jueza Lisa Walsh, de la Corte del Condado de Miami, Florida, determinó que García Luna deberá pagar 748 millones 829 mil 676 dólares al gobierno mexicano como compensación por enriquecimiento ilícito, corrupción y lavado de dinero. Por su parte, su esposa fue sentenciada a pagar mil 740 millones 25 mil 540 dólares, al ser considerada partícipe en las operaciones ilegales. En total, el monto de la condena asciende a 2 mil 488 millones de dólares.
Sentencia derivada de demanda civil en Florida
La decisión se tomó el 22 de mayo, durante una audiencia virtual realizada vía Zoom. La demanda fue impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, representada por el abogado Carlos A. Acevedo.
El caso se remonta a 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda civil contra 57 personas y empresas, incluyendo a García Luna, su esposa y diversos socios comerciales, por haber adquirido bienes con recursos provenientes de contratos ilegales firmados durante su gestión en el gobierno de Felipe Calderón.
García Luna nunca respondió a la demanda
De acuerdo con el abogado Acevedo, ni García Luna ni Pereyra respondieron formalmente a la demanda. El exfuncionario se encuentra actualmente preso en una penitenciaría del condado de Lee, en Virginia, cumpliendo una condena de casi 39 años por delitos relacionados con el narcotráfico, dictada por una corte federal en Brooklyn, Nueva York.
México pidió condena sin juicio
El pasado 7 de mayo, el gobierno mexicano solicitó a la corte de Florida que dictara sentencia sin necesidad de juicio, argumentando que existían pruebas suficientes del desvío e inversión de recursos públicos en propiedades y negocios en Estados Unidos.
Además de la multa, se solicitó la devolución definitiva de los bienes adquiridos en territorio estadounidense como parte del esquema de corrupción.