Gobierno propone impuesto de 8% a videojuegos violentos en el Paquete Económico 2026
El gobierno federal incluyó en el Paquete Económico 2026 una propuesta para gravar con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los videojuegos con contenido violento o para adultos. La iniciativa establece una tasa de 8% aplicable a títulos en formato físico y también a plataformas digitales de acceso y descarga, incluso si son operadas por empresas extranjeras sin establecimiento en México.
Un mercado en crecimiento bajo la lupa fiscal
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la medida busca recaudar 183 millones de pesos en 2026, su primer año de aplicación. El documento oficial resalta que en 2024 la industria de videojuegos en México superó los 2,300 millones de dólares y alcanzó más de 76 millones de jugadores activos, lo que posiciona al país como el décimo mercado mundial y el líder en América Latina.
Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, los géneros más populares entre los jugadores mexicanos son los videojuegos de disparos (26%) y peleas (25%), mientras que entre niñas y niños también se registra un consumo significativo: 17% en disparos y 26% en peleas.
Argumentos del gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la propuesta, señalando que el impuesto no busca prohibir, sino inhibir el consumo de videojuegos clasificados como C y D, los cuales incluyen violencia extrema o contenido para adultos. La finalidad, aseguró, es promover un consumo más informado y consciente entre los usuarios, además de proteger a menores de edad que logran acceder a estos juegos pese a las restricciones.
La exposición de motivos subraya que el objetivo es “internalizar los costos a la salud asociados al consumo” de este tipo de productos, comparándolos con los llamados impuestos saludables que se aplican a refrescos y tabaco.
Ajustes legales propuestos
La iniciativa plantea modificaciones al artículo 2 de la Ley del IEPS, incorporando los videojuegos violentos como objeto gravable. También se adiciona el artículo 5-A BIS, que obliga a las plataformas digitales de intermediación a retener el impuesto correspondiente, y el artículo 20-A, que impone a los prestadores extranjeros el registro ante el SAT, la designación de un representante legal y la entrega de información de sus usuarios.
Conclusión
Con esta medida, el gobierno busca no solo recaudar recursos adicionales, sino también enviar un mensaje de responsabilidad social y de salud pública. El debate ahora pasará al Congreso de la Unión, donde se discutirá si este impuesto se integra de forma definitiva al Paquete Económico 2026.