Golpe histórico al huachicol en México: 32 detenidos y decomiso millonario
El Gobierno federal asestó un duro golpe a una de las principales redes de robo y venta ilegal de hidrocarburos en el centro de México. Tras seis meses de investigaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que se logró desarticular una estructura criminal con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, dedicada al robo de gasolina y gas LP mediante tomas clandestinas.
Durante la conferencia de prensa encabezada por Omar García Harfuch, titular de la SSPC, se detalló que en el operativo participaron 767 elementos de fuerzas federales y estatales, quienes ejecutaron 12 órdenes de cateo en tres entidades, logrando la detención de 32 presuntos integrantes de la organización y el decomiso de un arsenal de vehículos, dinero en efectivo, armas y animales exóticos.
Entre los detenidos destacan Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, presunto líder del grupo, y Luis Miguel Ortega Maldonado, alias Flaco de Oro, considerado su principal operador logístico.
Las autoridades informaron que el modus operandi del grupo consistía en perforar ductos de Pemex para extraer combustible, almacenarlo en bodegas clandestinas y distribuirlo a estaciones de servicio de forma ilegal. El municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México, fue uno de los principales centros de operación de la banda, donde se realizaron cuatro cateos y se detuvo al líder de la organización.
En total, se aseguraron 12 inmuebles, 21 tractocamiones, 48 vehículos (algunos blindados), 36 armas de fuego, ocho pipas, contenedores, motocicletas, drogas, medicamentos controlados, dos tomas clandestinas y casi 16 millones de pesos en efectivo. También fueron rescatados animales exóticos, que quedaron bajo resguardo de la Profepa.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero destacó que este golpe es resultado de la coordinación entre la FGR, la SSPC, la Guardia Nacional, la Marina y la Sedena, así como de las reformas legales en materia de seguridad pública que fortalecen la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante el crimen organizado.
Aunque no se confirmó la implicación directa de funcionarios públicos, el gabinete de seguridad indicó que se investiga la posible protección institucional a esta red criminal por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno.