México endurece castigos contra la extorsión: Diputados aprueban ley con penas de hasta 42 años de prisión
La Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, con penas que alcanzan hasta 42 años de cárcel, convirtiéndola en una de las medidas más duras adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar este delito. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que la extorsión es el único crimen que no ha logrado reducir en su administración, que supera ya un año en funciones.
Las cifras oficiales confirman la preocupación: en los primeros seis meses de 2025, la extorsión registró un incremento del 7%, alcanzando 5,887 víctimas, el número más alto desde que se tiene registro. Autoridades federales han advertido que este delito se ha expandido tanto en entornos urbanos como rurales, afectando a comerciantes, transportistas, empresarios y familias.
Unificación de criterios y persecución de oficio
Hasta ahora, la extorsión era definida, investigada y sancionada de manera distinta en cada estado, lo que generaba vacíos legales y complicaba la coordinación entre fiscalías. Con las reformas aprobadas, el delito tendrá una definición única en todo el país, y sus sanciones quedarán homologadas.
La ley establece que la extorsión y los actos vinculados “se investiguen y persigan de oficio”, lo que significa que ya no será indispensable que la víctima denuncie para que las autoridades actúen. También permitirá reportes anónimos, una medida que busca revertir las bajas tasas de denuncia: actualmente, el 96.7% de los casos no se reportan debido a la desconfianza en las instituciones de justicia.
Penas más severas para servidores públicos y reclusos
Además de las penas de 15 a 42 años para quienes cometan extorsión, la nueva normativa contempla castigos para funcionarios que no denuncien estos delitos. Las sanciones irán de 10 a 20 años de prisión para servidores públicos que omitan reportar casos, mientras que autoridades penitenciarias o empleados que faciliten la extorsión recibirán entre 15 y 25 años.
La ley también endurece las sanciones para reos que utilicen celulares u otros dispositivos electrónicos para extorsionar desde prisión. Estas conductas serán castigadas con seis a 12 años, pena que también aplicará a funcionarios que permitan el ingreso de estos aparatos.
“No podemos permitir que este delito siga creciendo”
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, destacó la urgencia de actuar contra un delito que afecta a millones de personas en México.
“La extorsión es el delito que más crece en el país y no podemos seguir permitiéndolo. Millones de mujeres y hombres pagan un impuesto ilegal a los delincuentes.”
La ley aún deberá ser ratificada por la mayoría de los congresos estatales antes de su entrada en vigor.