Sheinbaum asegura que la nueva Ley de Amparo frenará abusos de deudores fiscales y protegerá la justicia tributaria
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la reciente reforma a la Ley de Amparo garantizará que el sistema judicial deje de ser utilizado por deudores fiscales y personas investigadas por delitos financieros para prolongar indefinidamente sus procesos legales.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que con las condiciones actuales es posible que, incluso cuando la autoridad gane todas las instancias judiciales —incluyendo una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)—, el contribuyente vuelva a ampararse para evitar el pago de impuestos.
“Se imaginan que una vez que la Corte decida, ese empresario podría volverse a amparar frente al acto de ejecución de la sentencia, y otra vez así, indefinidamente”, señaló la mandataria.
La nueva legislación busca poner fin a esta práctica, estableciendo que una vez que la SCJN emita una resolución definitiva, el ciudadano aún podrá solicitar un amparo, pero con la obligación de garantizar o depositar el monto total de los impuestos adeudados mientras se resuelve el caso de manera definitiva.
Sheinbaum destacó que este cambio fortalecerá la certeza jurídica y la justicia tributaria, al impedir que grandes contribuyentes utilicen el sistema judicial para evadir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales por décadas.
Asimismo, la presidenta subrayó que la reforma también aplicará en casos de lavado de dinero, evitando que las cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sean vaciadas mediante amparos provisionales.
Con la nueva ley, si se concede un amparo, las cuentas deberán permanecer bloqueadas hasta que exista una resolución firme.
“La idea es garantizar que los recursos obtenidos de manera ilícita no desaparezcan durante el proceso judicial”, enfatizó.
Sheinbaum concluyó que la aprobación de esta reforma es un paso clave para fortalecer el Estado de derecho, recuperar recursos públicos y evitar que los amparos se conviertan en instrumentos de impunidad fiscal o financiera.