Sheinbaum enviará reforma a leyes secundarias para reforzar el combate a la extorsión en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a diversas leyes secundarias para reforzar el combate al delito de extorsión en el país. Esta propuesta busca complementar la reforma constitucional recientemente aprobada en la materia y dotar de mayor eficacia al marco jurídico vigente.
Durante la conferencia presidencial de este jueves, la consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, explicó que con estas modificaciones se eleva a rango de ley la estrategia nacional para prevenir y combatir la extorsión, la cual ha mostrado resultados positivos en los últimos meses.
“Se trata de instrumentar las disposiciones constitucionales aprobadas, unificando el tipo penal y las sanciones en todo el país, y garantizando la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales”, indicó Godoy.
La funcionaria detalló que la propuesta establece penas de prisión de 6 a 15 años, dependiendo de los agravantes del delito. Entre ellos se contemplan casos en los que las víctimas sean migrantes, menores de edad o funcionarios públicos, así como cuando se cometan actos de cobro de piso o extorsión desde los centros penitenciarios.
Asimismo, se prevé la armonización de las legislaciones estatales para evitar vacíos legales y fortalecer las capacidades institucionales de los tres niveles de gobierno.
La iniciativa contempla adecuaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Estas modificaciones permitirán actuar de manera más efectiva contra los grupos delictivos que operan mediante esquemas de extorsión y cobro de piso en todo el país.
Godoy destacó que la extorsión es uno de los delitos con mayor impacto social y económico, por lo que el gobierno federal busca endurecer las sanciones, mejorar la coordinación institucional y proteger a las víctimas, especialmente en comunidades vulnerables y sectores productivos.
Con esta propuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso de fortalecer el Estado de derecho y la seguridad pública, mediante un marco legal más sólido y homogéneo que castigue de manera más severa la extorsión en todas sus modalidades.