Sheinbaum: la reforma a la Ley de Amparo busca agilizar la justicia sin eliminar la protección ciudadana
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió que el objetivo central de la reforma a la Ley de Amparo es agilizar los procesos judiciales y evitar que los juicios se prolonguen por 15 o 20 años, sin afectar el derecho de los ciudadanos a la protección frente a actos de autoridad.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum respondió a las críticas de diversos sectores que acusan al gobierno de pretender aprobar la reforma de manera apresurada. Aseguró que el propósito no es limitar el recurso del amparo, sino hacer más eficiente el sistema judicial mexicano, que actualmente enfrenta una carga excesiva de procesos sin resolver.
“Se busca agilizar la justicia, pero se salvaguarda la figura del amparo como un mecanismo de protección para los ciudadanos frente a las acciones de autoridad”, enfatizó la mandataria.
Consultada sobre la inclusión del artículo transitorio que ha generado polémica por su posible aplicación retroactiva, Sheinbaum aclaró que el Senado actúa con autonomía plena y que los legisladores, encabezados por Adán Augusto López, consideraron que la redacción se ajusta a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Explicó que, según dichos criterios, la nueva ley se aplicará únicamente en las etapas futuras de los juicios en curso, mientras que las fases anteriores continuarán bajo la legislación vigente, garantizando así certeza jurídica y continuidad procesal.
Sheinbaum reconoció que el Poder Ejecutivo consideró confusa la redacción inicial, pues daba lugar a interpretaciones erróneas sobre una posible retroactividad. Sin embargo, reiteró que la reforma no vulnerará derechos adquiridos ni aplicará retroactivamente en perjuicio de ninguna de las partes.
Otro de los puntos clave de la iniciativa, destacó, es evitar abusos en la suspensión de actos de autoridad. Como ejemplo, citó los casos en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congela cuentas por presunto lavado de dinero, y los involucrados obtienen suspensiones judiciales para vaciar los fondos.
“Con esta reforma, cuando la UIF congele cuentas, estas se mantendrán bloqueadas hasta que el juicio concluya”, explicó.
La presidenta insistió en que la reforma busca modernizar la impartición de justicia y cerrar vacíos legales que han permitido el uso indebido del amparo. Con ello, dijo, se fortalecerá el equilibrio entre la eficiencia judicial y la protección de los derechos humanos, pilares fundamentales del Estado de derecho en México.