Trump considera invocar la Ley de Insurrección en EE.UU.: qué es y cómo funciona

¿Qué es la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección de 1807 es uno de los poderes de emergencia más amplios en Estados Unidos. Permite al presidente desplegar al Ejército y fuerzas militares federales dentro del país para contener desórdenes civiles, disturbios o actos de insurrección, suspendiendo de manera temporal la ley Posse Comitatus, que normalmente impide al Ejército actuar en funciones policiales.
Aunque se le denomina de forma general como una sola ley, en realidad es un conjunto de estatutos aprobados entre 1792 y 1871. Según el Centro Brennan para la Justicia, su falta de estándares claros otorga a los presidentes un margen de acción muy amplio para decidir cuándo y dónde aplicarla.
Alcances y limitaciones
- La sección 251 requiere el consentimiento de un estado para su aplicación.
- Las secciones 252 y 253 permiten al presidente movilizar tropas sin petición de los gobernadores e incluso en contra de su voluntad.
- No debe confundirse con la ley marcial, ya que esta última supone que las Fuerzas Armadas sustituyan al gobierno civil, mientras que la Ley de Insurrección solo las faculta para apoyar a autoridades locales.
Antecedentes históricos
La última vez que se invocó fue en 1992, bajo el gobierno de George H.W. Bush, durante los disturbios en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías acusados de agredir a Rodney King. En el pasado, también se aplicó contra la oposición de gobernadores, como en los años 50 y 60, cuando los presidentes Dwight Eisenhower y John F. Kennedy enviaron tropas federales para garantizar la integración escolar tras el fallo del caso Brown vs. Board of Education.
Trump y la polémica actual
Aunque Donald Trump aún no ha invocado formalmente la Ley de Insurrección, ha señalado que está dispuesto a hacerlo si las protestas en ciudades como Portland, Oregon, continúan escalando. Actualmente existe una disputa legal, luego de que la jueza Karin Immergut prohibiera de manera temporal el despliegue de soldados de la Guardia Nacional mientras se revisa una demanda estatal que cuestiona la legalidad de la medida.
De momento, el Ejecutivo puede desplegar fuerzas federales sin apelar a esta ley, pero únicamente con atribuciones limitadas, como la protección de edificios gubernamentales, sin facultades para realizar detenciones o reprimir directamente las manifestaciones.